La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda y Ordenamiento Urbano (IPAV) de La Pampa, Erica Riboyra, expuso este miércoles ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí describió el severo impacto que sufrió la provincia tras la decisión del gobierno nacional de retirarse por completo de la obra pública habitacional al inicio de su gestión.
«Comenzar la gestión con una decisión del gobierno nacional de retirarse de la construcción de viviendas fue sumamente desagradable; tuvimos que tomar decisiones de un día para el otro», señaló Riboyra ante los legisladores.
La funcionaria explicó que La Pampa tenía contratos firmados con Nación por 953 viviendas del programa Casa Propia —financiadas originalmente por el Estado nacional mientras la provincia aportaba la infraestructura— y otras 636 unidades del programa Procrear. De la noche a la mañana, más de 1.600 viviendas quedaron paralizadas.
Esta deserción nacional no solo truncó el proyecto de vida de miles de familias, sino que golpeó de lleno a los municipios, pymes y comercios locales. «Nos quedó mucha gente sin trabajo de un día para el otro», advirtió Riboyra, remarcando que los damnificados tampoco encontraron respuesta en un mercado inmobiliario prohibitivo ni en el inexistente crédito hipotecario.
Las obras de la Casa Propia estaban distribuidas en 18 localidades e involucraban a 13 empresas pampeanas, mientras que el Procrear afectaba a tres comunas y cinco constructoras.
El esfuerzo pampeano: la relación 9 a 1
Frente al abandono centralista, el gobierno provincial decidió hacerse cargo de la situación. Riboyra informó que, gracias a una política histórica de equilibrio fiscal, La Pampa ya logró finalizar el 71% de las viviendas del programa Casa Propia.
Sin embargo, el esfuerzo financiero expone una disparidad brutal: por cada vivienda terminada, la Nación aportó apenas un peso, mientras que la provincia tuvo que poner nueve.
Además de reactivar las obras abandonadas por el gobierno federal, la provincia avanzó con planes habitacionales financiados 100% con fondos propios y lanzó el programa «Llegar a Casa», destinado a familias con terreno que necesitan financiamiento para edificar.
En el tramo final de su exposición, la titular del IPAV dejó una fuerte definición conceptual: «Cuando el Estado se corre de la construcción de viviendas, no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar el problema».
Para la funcionaria, la vivienda en La Pampa tiene un rol estratégico de desarrollo humano, una concepción opuesta a la mirada de la gestión nacional, que la reduce a una mera variable económica. «Son muchos los pampeanos y los argentinos que tienen que tener la posibilidad de construir un proyecto de vida con esfuerzo, pero que les asegure un futuro mejor», concluyo, instando a los legisladores a legislar por un país que incluya a todos.
Síntesis Periodística del Semanario lanoticia.ar
El milagro de la motosierra no era el mercado; era el abandono, la desidia y la nula empatía con la sociedad más vulnerable: la provincia de La Pampa rescata las 1.600 viviendas que la Nación dejó tiradas.
Mientras el relato nacional insiste en que el mercado soluciona mágicamente el déficit habitacional, la realidad en las provincias cuenta otra historia. Ante la Comisión de Vivienda de Diputados, la titular del IPAV de La Pampa, Érica Riboyra, desnudó el rostro más cruel de la deserción del gobierno nacional, que al asumir paralizó por completo más de 1.600 viviendas en territorio pampeano, destruyendo empleo local y pymes de un plumazo.
Pero donde la Nación ve una planilla de ajuste, la provincia demostró gestión y espaldas financieras: gracias a un estricto equilibrio fiscal propio, La Pampa ya terminó el 71% de las obras abandonadas por el gobierno central.
El dato que humilla el discurso de las autoridades de la Casa Rosada es contundente: que en el terreno, por cada peso que aportó la Nación, la provincia tuvo que poner nueve. Quedó claro: el Estado pampeano construye e incluye; el nacional se borra y delega en un mercado invisible.
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