El día martes 11 de abril del corriente año, se realizó la detención del El jefe del Regimiento de Caballería de Exploración número 12 de la ciudad de Gualeguaychú, Juan Facundo Candioti.
La detención del jefe militar se llevó a cabo durante un allanamiento en el cuartel de esa ciudad entrerriana. Candiotti está acusado de «encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio», en el marco de una denuncia de abuso sexual, presentada por tres mujeres soldados.
La Justicia solicitó además la detención de uno de los dos suboficiales implicados en el hecho, en el que se denunció además hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de la fuerza.
El jefe del Regimiento “Dragones Coronel Zelaya” está acusado además por la destrucción de pruebas y será indagado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, en conjunto con el fiscal federal Pedro Rebollo.
Las denuncias son por abuso sexual por parte de dos suboficiales, uno que está radicado en Paraná, ya fue procesado y está camino a juicio, mientras que otro reside en Campo de Mayo, donde la Gendarmería –por orden del juez Viri– también dispuso su detención.
Los procedimientos fueron en conjunto con otros en la casa particular de los implicados, donde además se buscaron pruebas: en el regimiento se tomaron las imágenes de las cámaras de seguridad con las se habría hecho un seguimiento a las víctimas.
Las tres jóvenes, que tienen entre 21 y 24 años, acusaron a los dos suboficiales por abusos sexuales que incluyeron tocamientos, hostigamiento permanente, y amenazas para que no hagan las denuncias correspondientes.
El comunicado del Ejército Argentino sobre el caso
En un comunicado, el Ejército Argentino aseguró haber accionado ante las denuncias de abuso sexual en ese regimiento, y explicó que desde allí trasladó preventivamente a un suboficial acusado a Campo de Mayo.
Si bien no lo mencionan, hacen referencia al suboficial Víctor Mercado, uno de los señalados en las denuncias y que había sido trasladado a Campo de Mayo cuando surgieron las primeras sospechas.
«En aquella oportunidad, y en cumplimiento del protocolo institucional ante casos de violencia de género, el Ejército llevó adelante las actuaciones administrativas pertinentes para la comisión de una falta grave, aplicó las consecuentes medidas disciplinarias y determinó el cambio de destino del acusado a fin de proteger los derechos de la presunta víctima», dijeron en el comunicado.
«En este momento, la Institución se encuentra a disposición de las autoridades judiciales actuantes a fin de colaborar con sus requerimientos», cerró el Ejército en el escrito.
En tanto, el Ministerio de Defensa informó que el Ejército ya había aplicado por el caso las consecuentes medidas disciplinarias» como exige el protocolo institucional ante casos de violencia de género».
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