Una monja fue rescatada del Convento San Bernardo, de la capital salteña, en el marco de un allanamiento ordenado por la justicia provincial ante una denuncia por privación ilegítima de la libertad, luego de que la religiosa manifestara a sus familiares que quería abandonar el lugar y que las autoridades le negaban esa posibilidad.
El fiscal penal número 2, Ramiro Ramos Ossorio, fue quien tomó intervención ante esta denuncia contra las autoridades del convento y solicitó la orden de allanamiento, según informaron fuentes del Ministerio Público provincial.
«A través de una hermana, la víctima había manifestado que quería abandonar la institución y dijo que se no se le otorgó la autorización. Expresó tener algunos problemas de salud y fue personal policial para constatar el estado. Las autoridades nunca abrieron la puerta para iniciar una instancia de diálogo, hasta que se ordenó el allanamiento», explicó Ramos
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